El ACV o “derrame cerebral“ continúa siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en el país, al igual que en el mundo, su atención sigue siendo un privilegio de pocos, a pesar de que cada minuto perdido significa la muerte de cerca de dos millones de neuronas.

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año más de 12 millones de personas sufren un ACV y más de 6.5 millones mueren a consecuencia directa o indirecta de este evento. En América Latina, la situación no es diferente. Según la Organización Panamericana de la Salud, los ACV representan el 9% de todas las muertes y son responsables de una de cada seis hospitalizaciones neurológicas. 

En países como Chile, Argentina y Brasil se han desarrollado redes nacionales de atención al ACV que han reducido la mortalidad hasta en un 30%. En cambio en la República Dominicana seguimos sin una red nacional de ACV, sin protocolos prehospitalarios estandarizados y con un acceso al tratamiento limitado exclusivamente al sector privado.

Cada día, 59 dominicanos sufren un ACV, uno cada 24 minutos. De ellos, más del 70% no recibe tratamiento adecuado porque nuestro sistema de salud no está capacitado.

Un accidente cerebrovascular (ACV) ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se interrumpe o se rompe un vaso cerebral, privando de oxígeno y nutrientes a las neuronas. Existen dos tipos principales: el ACV isquémico, causado por la obstrucción de una arteria, y el ACV hemorrágico, producido por la ruptura de un vaso sanguíneo.

Sus síntomas suelen aparecer de forma repentina: desviación facial, debilidad en un brazo, dificultad para hablar, pérdida de visión, mareo intenso o dolor de cabeza severo.

El tratamiento debe iniciarse inmediatamente en un hospital con capacidad para atención neurológica de emergencia. Allí se puede aplicar terapia de reperfusión aguda, la cual busca restaurar el flujo sanguíneo al cerebro mediante dos estrategias: Trombólisis intravenosa, que disuelve el coágulo con un medicamento endovenoso (alteplasa o tenecteplasa), idealmente dentro de las primeras 4.5 horas de haber iniciado los síntomas y Trombectomía mecánica, que extrae el coágulo mediante un catéter dentro de las primeras 24 horas. Ambos tratamientos pueden devolverle la vida y la independencia al paciente, pero solo si se aplican a tiempo.

Actualmente en la capital de la Republica Dominicana, solo los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), está certificado por la Organización Mundial de ACV, para ofrecer manejo integral y dar tratamiento de reperfusión aguda, con neurólogos vasculares, neurocirugía endovascular, tomografía 24/7 y contando con la única unidad de ACV de Santo Domingo. Es lamentable decir que en los hospitales públicos, no hay protocolos para tratamiento agudo y reconocimiento oportuno de los pacientes con ACV, la mayoría no tienen ni tomografía, condenando a estos pacientes a la discapacidad o la muerte.

Atención desigual e injusta

El tratamiento del ACV en República Dominicana refleja una profunda inequidad sanitaria. Los pacientes del sector público, sin seguro o con SENASA subsidiado, enfrentan una realidad; una atención limitada a cuidados básicos, sin acceso a terapias de reperfusión aguda que salvan cerebros y evitan la discapacidad o la muerte. Sin embargo, los pacientes con seguro privado o recursos económicos pueden recibir trombólisis o trombectomía en centros como CEDIMAT, Corominas o Unión Médica, los únicos 3 centros certificados actualmente en el país por la organización mundial de ACV, los cuales aun pudiendo tratar pacientes sin seguro o de escasos recursos, no darían a basto, para tratar a toda la población.

Esta desigualdad contradice el principio básico del derecho a la salud. Este tratamiento no debería depender de la capacidad de pago, sino de la capacidad del sistema de salud de responder a tiempo. Sin embargo, el Estado aún no incluye los tratamientos de reperfusión en el catálogo de cobertura obligatoria, dejando desamparados a miles de dominicanos que podrían recuperarse plenamente con un manejo oportuno.

El costo de no actuar

Las consecuencias son devastadoras, no son solamente físicas, sino también económicas, tanto para las familias como para el Estado. Un paciente dominicano con secuelas moderadas o graves requiere en promedio mínimo, entre 30,000 y 60,000 pesos mensuales en medicamentos, consultas, terapias físicas y cuidados. Si el paciente necesita rehabilitación intensiva o cuidador permanente, el costo puede superar los 100,000 pesos al mes, o más de 1.2 millones de pesos anuales.

En América Latina, los estudios estiman un costo promedio por paciente de 10,000 a 15,000 dólares anuales solo en atención médica y pérdida de productividad. Esto se traduce en un impacto económico que supera los 150 millones de dólares al año para el país, considerando los más de 20,000 casos estimados anualmente.

Pero el costo más alto no es económico, sino humano: pérdida de independencia, desempleo, depresión, ruptura familiar y empobrecimiento progresivo. Invertir en redes de atención y tratamiento oportuno no solo salva vidas, sino que ahorra dinero al sistema de salud.

Tiempo es cerebro: un llamado urgente al gobierno y a la sociedad

Nuestras autoridades deberían sentir pena, indignación y vergüenza de saber que en pleno siglo XXI, un familiar, o incluso ellos mismos, podrían ser víctimas de esta epidemia silenciosa, y aun teniendo recursos o un seguro de salud, no contar con acceso al tratamiento oportuno por la falta de redes y de capacidad real en nuestro sistema de salud. La situación es aún más cruel para quienes viven fuera de la capital o carecen de medios económicos, dejando su destino al azar.

República Dominicana necesita urgentemente:

Implementar una Red Nacional de ACV, con rutas prehospitalarias (“Código Ictus”), centros esenciales y avanzados certificados en todo el territorio.

Garantizar cobertura estatal para tratamientos de reperfusión (trombólisis y trombectomía).

Capacitar continuamente al personal médico y de emergencia, incluyendo paramédicos, enfermeras y médicos generales.

Asegurar disponibilidad de tomografía las 24 horas en hospitales regionales.

Lanzar campañas educativas masivas, para que la población reconozca los síntomas y actúe sin demora.

Como neuróloga vascular, he visto cómo la atención oportuna puede transformar un desenlace fatal en una recuperación completa. Pero también he visto el rostro del abandono: pacientes jóvenes, madres, padres y abuelos que pudieron salvarse, pero no tuvieron dónde o cómo.

Invertir en salud cerebrovascular no es un lujo, es una necesidad impostergable. Porque cada minuto que pasa, alguien en este país está perdiendo su oportunidad de vivir. El ACV no espera.