Es cierto que la República Dominicana necesitaba modernizar su legislación médica. Los pacientes merecen protección. Las instituciones deben rendir cuentas. Y la negligencia real no puede normalizarse en un sistema que aspira a estándares modernos de calidad y seguridad. Pero una cosa es fortalecer la protección del paciente y otra, muy distinta, es construir una reforma penal desconectada de la realidad operativa y financiera del sistema de salud dominicano.

Está claro que la Ley 74-25 incrementa significativamente el riesgo penal del acto médico. Introduce conceptos como la “imprudencia consciente”, fortalece la responsabilidad penal corporativa, endurece las sanciones y amplía los escenarios en los que un médico podría enfrentar consecuencias penales graves. El problema es que todo esto ocurre sin una reforma paralela de los tarifarios médicos, del financiamiento hospitalario, de la estructura de las aseguradoras y de las condiciones reales bajo las cuales se practica la medicina en el país. Aumentamos el riesgo sin fortalecer las condiciones necesarias para asumirlo.

Mucho de este problema corresponde más al sistema (y a las aseguradoras) que al médico individual. La medicina moderna depende de equipos completos, infraestructura funcional, personal suficiente, procesos eficientes y autorizaciones oportunas. Un médico no controla falta de camas, retrasos en laboratorios, escasez de insumos, fallas de equipos ni autorizaciones tardías de las ARS (por estrategias de contención de costos).

La Ley 74-25 parece asumir que la medicina dominicana opera bajo condiciones ideales, similares a sistemas altamente desarrollados. La mayoría de nuestros médicos trabajan en ambientes de sobrecarga extrema, múltiples empleos simultáneos, infraestructura limitada, déficit de personal y compensaciones profundamente rezagadas. Muchos especialistas críticos continúan operando dentro de un modelo en el que el volumen reemplaza la sostenibilidad y la presión asistencial supera ampliamente la capacidad operativa del sistema.

Y ahí aparece una pregunta inevitable: ¿cómo pretende el país atraer y retener talento médico crítico mientras aumenta exponencialmente el riesgo penal sin mejorar proporcionalmente las condiciones económicas y estructurales del sistema?

Las áreas más afectadas serán precisamente las más importantes para la población: emergencias, trauma, obstetricia, cirugía general y cuidados intensivos. Especialidades de alta incertidumbre, alta presión, horarios extremos y enorme exposición médico-legal.

La crisis ya existía antes de esta ley. Buscando cada vez mejor retorno en su inversión profesional, cada vez menos médicos jóvenes quieren entrar en estas áreas. Muchos están migrando hacia modelos de práctica fuera del esquema tradicional de seguridad social: medicina estética, wellness, nutrición, medicina funcional y consultas privadas cash-pay. La Ley 74-25 va a acelerar más esa transición.

Paradójicamente, una legislación diseñada para proteger a los pacientes creará menos especialistas dispuestos a asumir casos complejos, más medicina defensiva, mayor rechazo de pacientes de alto riesgo y más barreras de acceso para quienes más necesitan atención especializada.

Los retrasos diagnósticos y terapéuticos también están asociados a procesos administrativos, autorizaciones y mecanismos de control de costos dentro del sistema. Por eso, una reforma integral debe definir con mayor claridad la responsabilidad compartida entre médicos, instituciones y ARS, especialmente cuando las decisiones administrativas impactan directamente en la oportunidad de atención del paciente.

Toda actividad de alto riesgo incorpora económicamente el costo de ese riesgo. Ocurre en la aviación, en la industria farmacéutica, en energía y en construcción. La medicina no es diferente. Si el Estado aumenta significativamente el riesgo médico-legal, necesariamente debe aumentar también la compensación asociada a ese riesgo.

En muchos países, los costos relacionados exclusivamente con mala práctica, litigios y protección legal representan hasta un 20% de los costos operacionales médicos. En especialidades de alto riesgo, incluso más. Sin embargo, en República Dominicana todavía existen consultas cuyos márgenes netos para el médico rondan cifras absurdamente bajas. Pretender que bajo ese modelo financiero el médico asuma además un riesgo creciente de prisión e inhabilitación profesional simplemente no es sostenible.

La protección del paciente es necesaria. Pero debe hacerse de manera inteligente, estructural y simultánea. Una reforma médico-legal responsable debió venir acompañada de una actualización urgente de los tarifarios, fortalecimiento hospitalario, protección especial para áreas críticas, protocolos clínicos modernos y una redefinición clara de la responsabilidad de las aseguradoras dentro del proceso asistencial.

Porque una ley que aumenta el riesgo de ejercer la medicina sin mejorar las condiciones para ejercerla correctamente termina debilitando el sistema en su conjunto y los pacientes siempre son quienes terminan pagando el precio más alto.