La dirigente del foro, Rosa Lina Núñez, señaló que la corrupción en Senasa no es un hecho aislado, sino la expresión de un sistema capturado por el interés financiero, convirtiendo la salud en un negocio.

“De acuerdo con las informaciones expuestas, del 2010 al 2024, los prestadores privados corresponden al 93% de los contratos. El 89% de los fondos del régimen contributivo, así como el 44% de los contratos y el 67% del régimen subsidiado”, manifestó durante el encuentro en el Centro Bonó, de la Josefa Brea.

Señaló que los datos que poseen de Senansa arrojan que el funcionamiento de seguridad social expresa que los recursos se dirigían a los prestadores privados de la institución.

“Senasa cuenta con aproximadamente 5.7 millones de afiliados en el régimen subsidiado, 1.82 millones en el régimen contributivo y 114,430 pensionarios. El régimen subsidiado opera con una cápita de RD$327, mientras que el régimen contributivo registra una cápita de RD$1,887.53”, aseguró.

Además, según sus datos, un 32% de los empleados públicos (más de 185,000 personas) permanece afiliado a Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas, pese a disposiciones establecidas en la Ley 87-01 y decisiones del Tribunal Constitucional que ratifican el acuerdo de que el 100% de los empleados públicos deben estar en Senasa.

También respaldaron el proceso judicial denominado "Operación Cobra", que busca las sanciones penales contra los involucrados en el desfalco de la institución de seguridad social.

Hicieron un llamado a la ciudadanía a movilizarse y exigir al Congreso Nacional y al Gobierno que se organice un proceso de transformación estructural de la Ley 87-01 que crea el sistema de seguridad social, para que garantice los derechos y resguarde los recursos públicos.