La normativa gallega equipara las bebidas energéticas al alcohol, estableciendo sanciones que van desde los 200 euros por consumo individual hasta los 15.000 euros para quienes las suministren a adolescentes. Además, obliga a los establecimientos a separar estas bebidas de los refrescos, a reforzar la información sobre sus riesgos y a colaborar en programas educativos y preventivos destinados a reducir la exposición de los menores y fomentar hábitos saludables.

Las bebidas energéticas concentran la atención de pediatras y expertos en salud pública por sus efectos estimulantes. La cafeína y otros ingredientes activos pueden afectar al sueño, la atención y la conducta de los adolescentes, y su consumo combinado con alcohol aumenta la probabilidad de intoxicaciones y accidentes. La ley gallega busca prevenir estos riesgos mediante medidas de control de la oferta, educación y programas de concienciación, adoptando un enfoque integral y coordinado.

En lo que respecta a vapeadores, Galicia amplía la actual prohibición de productos con nicotina entre los menores a todos los dispositivos. No en vano, muchos productos no contienen nicotina, pero normalizan la conducta de fumar, pueden generar dependencia y exponen a los jóvenes a sustancias tóxicas dañinas. El texto recoge un control regulatorio y educativo que combina prohibiciones, sanciones y programas preventivos.

En esa línea, la actual normativa permite sustituir sanciones por la participación en programas educativos o de concienciación, trabajos comunitarios relacionados con la conducta infractora o intervenciones de prevención específicas sobre consumo de sustancias y vapeo. Con ambas restricciones, la Xunta aspira a impedir la iniciación temprana de los adolescentes en dos ámbitos de creciente preocupación que venían ganando terreno en este colectivo.

ANTESALA DE UN MARCO NACIONAL

Galicia se ha convertido en la punta de lanza normativa de una inquietud que se estaba extendiendo por todo el país. Ejemplo de ello, Asturias está tramitando también una norma similar centrada en limitar las bebidas energéticas a mayores de 16 años y otras regiones -sin plazo definido- habían mostrado la misma intención. Un escenario en el que también se ha implicado el propio Gobierno central.

En paralelo a estas leyes autonómicas, el Ejecutivo nacional ha anunciado un proyecto de norma marco para las bebidas energéticas, fijando los 16 años como edad mínima y los 18 años para las que tienen mayor concentración de cafeína. Esta medida busca homogeneizar la regulación, proteger a los menores fuera del actual ámbito escolar y garantizar la aplicación coordinada de medidas de prevención y sanciones en toda España.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad avanza en la reforma de la ley antitabaco, que equipararía las nuevas modalidades de consumo al tabaco tradicional; así como en un Real Decreto específico sobre vapeadores y productos similares, que eliminaría los sabores atractivos para jóvenes, los dispositivos desechables y de un solo uso, la venta fuera de canales autorizados —prohibiendo la compra online— y establecería más restricciones publicitarias.