“Ojalá tuviéramos nosotros las herramientas", ha proseguido Aguirre. Actualmente, para decretar un nuevo confinamiento, la legislación española solo contempla la posibilidad de llevarlo a cabo a través de la declaración de un nuevo estado de alarma o modificando el decreto aprobado en octubre de 2020. 

En cambio, las comunidades autónomas ya están optando por medidas quirúrgicas para controlar el avance de la que sería la sexta ola.

Tal y como anunció el domingo el Gobierno de Alexander Schallenberg, a partir de este lunes el país impondrá nuevas restricciones sociales exclusivamente para personas no vacunadas o que no hayan pasado el Covid-19. Una medida de control que busca controlar el aumento del número de contagios. 

Así, los ciudadanos austriacos no vacunados deberán recluirse en sus hogares, solo pudiendo salir para ir al trabajo, al médico o a comprar productos de primera necesidad. Una medida que en España no se puede aplicar con el actual marco legal vigente.

Así, fuentes jurídicas consultadas por Redacción Médica confirman las sospechas del consejero andaluz, y explican que en España “sería imposible aplicar un confinamiento selectivo para aquellas personas que no han querido recibir la vacuna contra el covid. Ni si quiera se podría aplicar para la población en general con la normativa actual”.

En este sentido, recalcan, "España debería encontrarse bajo un estado de alarma fundamentado sobre un problema de salud pública para dictaminar que las personas no vacunadas deben guardar un confinamiento estricto. Pese a todo, existen verdaderas dudas jurídicas al respecto sobre las cuales el Tribunal Supremo tendría que aclarar, dando luz a la legalidad de la norma".

En todo caso, prosiguen estas fuentes, la Justicia tendría la última palabra ante una posible orden de confinamiento. “En la actualidad varias comunidades tienen la potestad de confinar poblaciones enteras cuando consideran que sobrepasan unos niveles de incidencia extremos. Pero esa decisión siempre debe venir previamente avalada por un tribunal superior de Justicia, dado que las comunidades no tienen las herramientas jurídicas para realizar este tipo de acciones”.

¿Qué opinión tienen las comunidades sobre el confinamiento de los no vacunados?

Desde España, tras el confinamiento finalizado el 21 de junio de 2020, la posibilidad de retomar la medida plantea diversidad de opiniones entre los representantes políticos. De este modo, mientras Aguirre ha destacado el avance que supone disponer de las herramientas legislativas para llevar a cabo un confinamiento a nivel regional, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha puesto en duda la legalidad de la medida.

En concreto, Vergeles ha señalado que en “España volver a un confinamiento sería difícil hacerlo en este momento", porque "ahora mismo" el mecanismo legal que hay para poder tomar decisiones "se basa en recomendaciones", destacando así la falta de un “paraguas legal que nos diga que podemos tomar tal o cual medida".

Por su parte, también se ha mostrado contrario a la aplicación de la medida el vicepresidente navarro, Javier Remírez, quien ha sostenido que el Ejecutivo foral no pretende implantar medidas que "afecten a los derechos fundamentales", aludiendo al confinamiento austriaco. Sí contemplaría sin embargo que “podemos incidir en los espacios públicos, como los espacios de ocio, hostelería y culturales, poniendo encima de la mesa medidas quirúrgicas”, como las vacunas.

Ante la posibilidad de sumar nuevas restricciones también se ha manifestado el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien aunque ha descartado en estos momentos volver a aplicar restricciones, sí ha anunciado que esta semana "se acelerará el proceso legal" para implantar el certificado covid en determinados espacios para "animar a la vacunación y sobre todo, para proteger a la población que ha cumplido".