https://doi.org/10.1136/medethics-2021-107700;

https://doi.org/10.1136/archdischild-2020-321225;
https://doi.org/ 10.1080/14760584.2021.1951245;
https://doi.org/10.1136/archdischild-2021-323040).

El Dr. Galea resalta que gran parte del mundo decidió que la mayoría de sus niños no necesitaban una vacuna ni un refuerzo contra COVID-19. Esto se debe a que los beneficios de vacunar a los niños contra esta enfermedad son mínimos. En particular, la probabilidad de que los niños tengan COVID-19 sintomático o severo es muy baja y los niños tienen menor probabilidad de transmitir el virus que los adultos. 

Por otra parte, el costo de la vacunación masiva era alto, los efectos secundarios de la vacuna podían impedir que el niño asistiera a la escuela y hay incertidumbre considerable sobre los efectos a largo plazo de la vacunación en niños. Es importante resaltar que el Dr. Galea se refiere a vacunas de ARNm contra COVID-19 diseñadas para uso en niños cuya seguridad a corto y mediano plazo están bien establecidas.

A principios del 2022, el gobierno dominicano decidió administrar la vacuna CoronaVac a niños de 5 a 11 años, pese a que esta es una vacuna diseñada para adultos y su eficacia y seguridad en niños son desconocidas. Cuando tomó esta medida, el gobierno estaba al tanto de que en el 2021 la tasa de mortalidad por COVID-19 en niños de 5 a 11 años en país había sido poco menos de 1 por millón. Esto significa que, incluso si se administraba una vacuna con una eficacia del 100%, solo se salvaría a un niño por cada millón de niños vacunados. Si la eficacia de CoronaVac en niños fuese similar a su eficacia en adultos, aproximadamente un 50%

(https://doi.org/10.1186/s12916-022-02397-y), se hubiese requerido vacunar a 2 millones de niños para salvar a un niño. Sin embargo, la población de niños de esta edad en nuestro país es de solo 1.15 millones. De hecho, el número de niños que era necesario vacunar para evitar una muerte era más de 2 millones, debido a que las variantes del virus circulando en ese momento eran menos letales y a que la eficacia de CoronaVac contra nuevas variantes era menor que contra la variante original. Los funcionarios del gobierno también sabían que la eficacia de CoronaVac era substancialmente menor que la de ARNm, y que contrario a éstas últimas, la seguridad de CoronaVac en niños era completamente desconocida. En síntesis, era altamente improbable que en el 2022 algún niño muriera por COVID-19 en nuestro país, tal y como ocurrió de hecho, y era prácticamente imposible salvar al menos a un niño mediante la administración de CoronaVac. Esto concuerda con lo argumentado por el Dr. Galea y otros expertos con relación a las vacunas de ARNm: la vacunación de niños contra el COVID-19 no era necesaria. Esto aplica con mayor razón a CoronaVac, ya que además de que no tenía beneficio potencial para nuestros niños, podía exponerlos a riesgos de naturaleza y magnitud desconocidos.

Sin duda, muchos se estarán preguntando por qué traer a colación lo que es ya un hecho consumado. Una decisión que no se puede cambiar. “Un palo dao”. ¿Por qué? Porque "aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo" (George Santayana). Los funcionarios del gobierno podrían argüir que vacunar a nuestros niños no causó daño directo alguno. Es posible que esto sea correcto, pero lo cierto es que este argumento no puede ser puesto a prueba porque el gobierno fue diligente en asegurarse de que la vacunación en niños se hiciera sin generar la evidencia necesaria para evaluar su impacto, fuera éste positivo o negativo, tal como lo hizo también con la población adulta. La razón por la cual nuestro gobierno no creó las condiciones para evaluar los costos y beneficios en salud de lo que estaba haciendo, es algo que dejo a consideración de cada lector.

Por otra parte, es obvio que la vacunación de niños contra COVID-19 ocasionó un gasto alto e innecesario de recursos y esfuerzos. En vista de que no había una justificación desde la perspectiva de salud pública, es importante que cada dominicano considere por qué se tomó esta decisión. Es importante ponderar por qué los recursos y esfuerzos desperdiciados vacunándolos contra COVID-19 no se invirtieron en acciones más beneficiosas para la salud de nuestros niños. Por ejemplo, estos recursos pudieron invertirse en enfrentar el brote de difteria ocurrido en el primer semestre del 2021, que ha sido el segundo mayor en el país desde inicios de este siglo y que ocasionó la muerte de al menos 12 niños (https://doi.org/10.22206/cysa.2022.v6i3.pp87-94).

La política de vacunar a nuestros niños con CoronaVac fue concertada por el gobierno con distintas asociaciones médicas del país. Entre ellas, la Sociedad de Médicos Salubristas y la Sociedad de Pediatría se opusieron inicialmente a que se vacunara a nuestros niños con CoronaVac. Al final cedieron. Pero no en respuesta a evidencia científica o argumentos racionales, sino a presión de grupo.

Dado el conocimiento existente en ese momento, la vacunación en niños debió limitarse a aquellos con un riesgo alto de COVID-19 severo, como los niños con diabetes y deficiencia inmunológica. En ese caso, las vacunas de ARNm hubiesen sido la única opción éticamente factible, ya que eran las únicas con eficacia y seguridad conocidas. Por el contrario, vacunar a todos los niños con CoronaVac era éticamente cuestionable (http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2020-107104), porque: 1) era muy poco probable que los niños se beneficiaran directamente de ser vacunados; 2) porque vacunar a los niños no reduciría significativamente las infecciones en los adultos, ya que en niños COVID-19  es una enfermedad de corta duración y la excreción de virus viables dura poco (3 días) y no se modifica con la vacunación (https://doi.org/10.1097/INF.0000000000002899; https://doi.org/10.7189/jogh.10.011101); y 3) los niños ya habían sufrido las consecuencias de un aislamiento estricto de largo plazo y un retraso en su educación debido al cierre de escuelas y a la enseñanza a distancia y el beneficio colectivo era muy limitado para imponerles un costo adicional.

Permitir que problemas técnicos sean decididos por voto mayoritario, sin tomar en cuenta el conocimiento existente, es lo que el filósofo Philip Kitcher llama "democracia vulgar", "tiranía de la ignorancia". Kitcher señala que es una falacia pensar que la democracia siempre requiere debate público de asuntos que la mayoría de las personas no pueden entender y plantea que la experticia debidamente constituida es esencial para una democracia genuina. Kitcher usa el término "democracia vulgar" para referirse a sistemas en los cuales decisiones técnicas son basadas primariamente en el voto mayoritario, en este caso de dirigentes médicos, en lugar de la deliberación informada y el discurso racional. Esta forma de tomar decisiones, comúnmente empleada por éste y otros gobiernos, presenta el riesgo de que las mismas sean influenciadas por la ignorancia o la falta de comprensión, en lugar de ser el resultado de una consideración meticulosa de los hechos y la evidencia científica y de argumentos razonados, y puede acarrear consecuencias perjudiciales para todos los dominicanos.

Es posible que los dirigentes de las sociedades médicas y los funcionarios del gobierno responsables de que se vacunara a nuestros niños contra COVID-19 tuvieran la experticia debida para tomar esa decisión. Pero es probable que otras fuerzas hayan predominado sobre su experticia, ya que razones políticas y económicas, no experticia en salud pública, son la fuerza mayor en la elección de estas personas. Además, a pesar de que la información sobre el costo-beneficio de vacunar a nuestros niños y sobre la falta de evidencia sobre la eficacia y la seguridad de CoronaVac en niños estaba disponible para los decisores, no parece que éstos la hayan tenido en cuenta al emitir su voto. La evidencia generada a partir de ese momento corrobora que no era necesario malgastar los fondos del erario público y arriesgar la salud de nuestros niños vacunándolos con CoronaVac.

Para reducir la probabilidad de decisiones riesgosas y promover el desarrollo de la democracia, así como garantizar la salud de nuestra población, es crucial disminuir el énfasis en la toma de decisiones técnicas por voto mayoritario. En lugar de esto, los procesos de decisión deben enfocarse en la evaluación crítica de la evidencia científica disponible, la comprensión cabal de los problemas y la deliberación racional de personas bien informadas y sin conflictos de intereses.