“Las muertes neonatales reportadas entre enero y julio del 2021 superan en un 37 % las registradas en el mismo período del 2020, cuando se notificaron 1,007 decesos en infantes. Entre tanto, las muertes maternas se incrementaron en un 22.6% en el mismo lapso de tiempo, al pasar de 128 a 149”.

Esta vez UNICEF hizo una revelación que es imposible pasar por alto. Desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 al primero de enero del 2021, fueron notificadas 2,416 muertes por coronavirus. Esto implica que los fallecimientos maternos y neonatales equivalen al 81 % de los ocasionados por el COVID-19 y que podrían superarlos.

A mediados de julio, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) reconoció que el país está lejos de cumplir la meta mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Lograr menos de 70 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos antes del año 2030 constituye un desafío prácticamente inalcanzable.

Explicaciones superficiales para justificar la falta de consecuencias

Como siempre las nuevas autoridades, que antes criticaron esta situación, ahora reaccionan a la defensiva, tratando de restarle importancia porque “los números que está poniendo Unicef son alarmantes, pero no son una realidad absoluta. Estamos trabajando los indicadores y las cosas que pueden impactar en la mortalidad”.

Esa reacción indica que las autoridades no quieren enfrentar las causas reales que determinan estos lamentables resultados y que han optado por trillar el mismo camino de los gobiernos anteriores, ocultando la responsabilidad sobre estos resultados inaceptables, para garantizarle impunidad profesional e institucional.

Desde hace décadas las viejas y nuevas autoridades presentan explicaciones inconsistentes. El argumento más socorrido es la falta de recursos, olvidando que en Cuba los recursos son notablemente menores y sin embargo han logrado y mantenido por décadas una mortalidad similar a las naciones más ricas del mundo.

Las altas tasas de mortalidad materna e infantil son la consecuencia de la vigencia de un sistema de salud curativo y medicalizado, que subestima el rol y la importancia de la atención primeria, las cenicientas del sistema, carentes de capacidad resolutiva y atendidas por personal de tercera categoría.

El martes escuché en la Receta Médica de la Z101 a un grupo de médicos quienes, de manera directa reconocieron los descuidos de médicos y enfermeras en la práctica médica que elevan la tasa de mortalidad. Un señalamiento responsable y honesto, mientras la autoridad señala que esa realidad “abarca a toda América Latina”.

La verdad es que el sistema público de salud no responde a las necesidades de la población: 1) establece un horario de 4 horas a los médicos; 2) paga sueldos sin tomar en cuenta el nivel de desempeño; 3) asigna los recursos en función de las presiones de los gremios y los suplidores; y 4) premia la antigüedad, pero no el logro de metas.

El presidente Abinader y su gabinete de salud han contenido la pandemia y elevado el nivel de inmunización, atacando directamente las causas del problema e incentivando al personal de salud por el logro de metas. Eso es lo que hay que hacer en todo el sistema público de salud: el cambio real supone asignar los recursos en función del logro de metas de cobertura, calidad y satisfacción.